Santo Domingo.– Legisladores de distintas bancadas defendieron este lunes la aprobación del nuevo Código Penal y coincidieron en la necesidad de que la pieza entre en vigencia cuanto antes, al tiempo que resaltaron el trabajo realizado por la comisión que estudió las modificaciones propuestas por diversos sectores de la sociedad.
El diputado Ramón Bueno afirmó que la Cámara de Diputados ha cumplido con su responsabilidad al revisar todas las observaciones presentadas durante el proceso de discusión.
En ese sentido, destacó como un hecho sin precedentes el anuncio del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, de que se notificará a cada proponente si su sugerencia fue acogida o rechazada, explicando las razones cuando estas entren en conflicto con la Constitución.
En la misma línea, el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, sostuvo que es “imprescindible” que el nuevo Código Penal entre en vigor, al considerar que incorpora más de 70 nuevos tipos penales que responden a reclamos de la ciudadanía y establecen consecuencias para conductas que antes no estaban contempladas.
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Rodríguez manifestó además su respaldo al trabajo realizado por la comisión bicameral encargada del estudio del proyecto, indicando que confía en las ponderaciones y cambios acordados por los legisladores que representaron al Senado durante el proceso.
Reforma policial
Por otro lado, el diputado Carlos Sánchez informó que la comisión especial continúa estudiando la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la cual pasa de 315 a 342 artículos tras las modificaciones introducidas en el Senado.
Sánchez explicó que la propuesta busca transformar de manera significativa la estructura de la institución policial, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y control.
Entre los principales cambios mencionó el traslado de Asuntos Internos al Ministerio de Interior y Policía y una nueva composición del Consejo Superior Policial, que incorporará mayor representación de instituciones civiles y del Ministerio Público, con el objetivo de garantizar mayor equilibrio en la toma de decisiones y contribuir a reducir los excesos y violaciones a los derechos humanos denunciados en los últimos años.