El exfiscal Ybo René Sánchez Díaz y el abogado Manuel Sierra afirmaron este jueves que el expediente del denominado caso “Calamar” presenta los mismos vicios e irregularidades que otros procesos de presunta corrupción administrativa impulsados en los últimos años, al tiempo que sostuvieron que no existe una sola prueba directa que vincule al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, con hechos ilícitos.
Los juristas calificaron la acusación presentada por el Ministerio Público como un documento “sobrecargado” de narraciones y documentos que, según dijeron, no aportan elementos relevantes ni demuestran responsabilidad penal contra los imputados.
Indicaron que muchas de las pruebas incluidas en el expediente corresponden a informes y documentos emitidos por instituciones públicas que, a su juicio, no guardan relación con delitos penales ni sustentan las acusaciones formuladas.
“Conforme a lo que hemos visto en la acusación, no existe una prueba que sindique directamente al señor José Ramón Peralta. La prueba debe estar vinculada con el hecho atribuido”, expresó Sánchez Díaz, quien consideró que el expediente no reúne las condiciones necesarias para enviar el caso a juicio de fondo.
Asimismo, señalaron que corresponde al tribunal actuar con imparcialidad y garantizar una decisión basada en el derecho y el respeto a la institucionalidad judicial.
Los abogados también cuestionaron el uso del nombre “Calamar” para identificar el proceso, alegando que dicha denominación viola la dignidad y el principio de inocencia de los imputados. Recordaron que la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional ordenó cesar el uso de nombres de animales en expedientes judiciales y estableció posibles nulidades en casos donde esa práctica afecte derechos fundamentales.
Según explicaron, José Ramón Peralta mantenía una trayectoria empresarial y personal reconocida en la sociedad dominicana antes de ocupar funciones públicas, por lo que consideran que el proceso ha afectado injustamente su imagen y reputación.
Sierra y Sánchez Díaz afirmaron además que el exministro ha sido blanco de una presunta persecución política debido a su cercanía con el expresidente Danilo Medina, asegurando que desde agosto de 2020 se habrían coordinado acciones entre sectores gubernamentales y representantes del Ministerio Público para desacreditar a antiguos funcionarios de la pasada administración.
En ese sentido, criticaron el uso del sistema judicial para, según dijeron, afectar el buen nombre y la presunción de inocencia de personas que durante años desarrollaron actividades empresariales y públicas sin cuestionamientos judiciales.
Los abogados destacaron además que, durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público realizó una exposición extensa y confusa, mientras que José Ramón Peralta defendió su honorabilidad ante el tribunal y reiteró que las imputaciones en su contra carecen de pruebas contundentes.
Finalmente, solicitaron que el tribunal evalúe la nulidad del proceso tomando como referencia la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional, la cual cuestiona el uso de nombres de animales en expedientes penales por considerarlo discriminatorio y lesivo a la dignidad de los imputados.